Provincias mineras con más poder, pero el desafío sigue siendo el mismo

El conjunto de cambios regulatorios de los últimos años desplazó al Estado nacional del centro de la escena minera y dejó a las provincias productoras en una posición de mayor autonomía política que en cualquier momento de las últimas tres décadas. Esa es la tesis que desarrolla El Ancasti en su edición del 16 de septiembre de 2026, en un análisis que recorre desde el ciclo menemista hasta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Por qué importa

La minería argentina nació institucionalmente bajo una fuerte tutela nacional. Desde Bajo La Alumbrera —el primer proyecto de minería a gran escala del país, inaugurado en 1997 en Catamarca— hasta la actualidad, el poder nacional intervino de manera directa e indirecta en la gestión de los recursos, pese a que la Constitución de 1994 reconoce la propiedad originaria de los recursos naturales a las provincias. El RIGI no eliminó esa tensión, pero la reconfiguró: la Nación mantiene la llave de ingreso al régimen —la autorización para que los proyectos se acojan a él—, pero la relación cotidiana entre las empresas y el Estado se juega ahora en las capitales provinciales.

Dónde impacta

Para Catamarca, el cambio tiene dos expresiones concretas. La primera es institucional: la Provincia recuperó la mayoría del directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), luego de que la Nación se retiró del esquema empresario. La segunda es la constitución de las mesas del Litio y del Cobre, foros interprovinciales que operan sin conducción nacional. En paralelo, la reforma a la Ley de Glaciares otorgó a los gobiernos provinciales la potestad de determinar las áreas periglaciares donde no pueden desarrollarse actividades productivas, una atribución que antes era fuente de conflicto entre jurisdicciones.

Qué dato lo sostiene

El análisis de El Ancasti recupera un antecedente que ilustra el costo histórico de esa dependencia: el convenio original del yacimiento de litio en el Salar del Hombre Muerto —aprobado por la Legislatura catamarqueña en marzo de 1991— impedía a los privados ceder los derechos adquiridos sin autorización expresa del Estado provincial. Esa condición se anuló en 2017. Cuando en 2024 Rio Tinto adquirió Arcadium —empresa que controlaba el 44% del yacimiento a través de Livent— la Provincia no recibió compensación alguna por la transferencia. El caso del proyecto Vicuña, en San Juan, agrega otro ángulo: amparada en las facilidades de importación del RIGI, la empresa a cargo compró su campamento prefabricado íntegramente a una firma china, sin que los proveedores nacionales pudieran competir en precio.

Qué significa para Catamarca

Mayor autonomía provincial sobre la gestión minera no es lo mismo que mayor beneficio territorial. La pregunta sobre qué queda en Catamarca —en empleo, en ingresos, en calidad de vida— sigue sin una respuesta estructural. Las regalías mineras, que en Argentina se calculan sobre el valor en boca de mina y representan entre el 3% y el 5% según la provincia y el mineral, son el canal principal por el que la renta minera llega a las arcas provinciales. Si la autonomía se usa para negociar mejores condiciones contractuales y políticas de contenido local, puede traducirse en desarrollo. Si se usa únicamente para agilizar la aprobación de proyectos, el resultado puede ser el mismo de siempre: recursos que salen del territorio y regalías que no alcanzan para compensar los costos sociales y ambientales.

La pregunta Latitud

¿Qué políticas concretas está diseñando Catamarca para que la autonomía minera que ganó frente a la Nación se traduzca en más empleo local, más proveedores catamarqueños y mejores condiciones contractuales —y no solo en más proyectos aprobados?